En el último año ha aumentado el número de personas en Sajonia que han objetado a su notificación de subsidio ciudadano. Las oficinas de empleo del estado federado recibieron 35.626 objeciones, según la dirección regional de la Agencia Federal de Empleo. Esto supuso casi 4.300 más que en 2024. También se presentaron 3.762 recursos, unos 300 más que el año anterior.
Menos recursos a largo plazo
Sin embargo, si se observa la tendencia a más largo plazo, se aprecia un descenso significativo: en 2015, las oficinas de empleo registraron casi 62.000 recursos y alrededor de 13.000 apelaciones contra el entonces subsidio de desempleo II. El año pasado, las reclamaciones más frecuentes se referían a las decisiones de compensación de ingresos o patrimonio, al cálculo de los gastos de alojamiento y a la anulación y reembolso de la prestación ciudadana.
11.000 resoluciones ajustadas tras recursos
Según la información facilitada, alrededor de 11.000 de los 34.000 recursos tramitados el año pasado prosperaron. En casi dos tercios de los casos, sólo se pudo adoptar una nueva decisión en el recurso porque posteriormente se presentaron los documentos que faltaban o se cumplieron las obligaciones de cooperar. Hubo unos 2.000 casos de aplicación incorrecta de la ley. El 61,5% de los casos fueron rechazados o retirados por los propios beneficiarios.
El panorama es similar para las 3.971 reclamaciones resueltas. En dos tercios de los casos, se confirmaron las actuaciones de la oficina de empleo, mientras que en el tercio restante, las reclamaciones dieron lugar a una nueva decisión.
Unos 180.000 sajones perciben el subsidio ciudadano
El subsidio ciudadano se introdujo en 2023. Sustituyó al subsidio de desempleo II, coloquialmente conocido como Hartz IV, como prestación básica para los demandantes de empleo. Según los últimos datos de la Agencia Federal de Empleo, alrededor de 180.000 personas en Sajonia recibieron el subsidio ciudadano el pasado mes de septiembre.
El Gobierno federal rojinegro planea actualmente una reforma de la prestación social, que debería entrar en vigor en julio. El proyecto de ley del ministro de Trabajo, Bärbel Bas (SPD), prevé renombrar el subsidio ciudadano como seguridad básica. Se amenaza a los beneficiarios con aumentar los recortes de las prestaciones si faltan a las citas en la oficina de empleo o no acuden a cursos u ofertas de trabajo.
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