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Estudio: el racismo en las autoridades suele ocultarse en las estructuras

Estudio: el racismo en las autoridades suele ocultarse en las estructuras
Un estudio ha investigado el racismo en las autoridades alemanas. (Imagen simbólica) / Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
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La discriminación en los cargos públicos suele permanecer invisible, pero tiene consecuencias para los afectados. Así lo demuestra un nuevo estudio sobre el racismo en las autoridades alemanas.

Un estudio demuestra que el racismo en las autoridades alemanas rara vez se manifiesta en hostilidad abierta. Más bien, se oculta en rutinas, ámbitos de decisión y estructuras organizativas. Así lo confirma el estudio "Instituciones y racismo" (InRa), financiado por el Ministerio Federal del Interior. Se trata del estudio empírico más completo realizado hasta la fecha sobre el racismo en las instituciones estatales, según la Universidad de Leipzig, que dirigió el estudio.

Durante un periodo de tres años, los investigadores examinaron en diez lugares centros de empleo, autoridades de inmigración, policía, justicia, sanidad, juventud y oficinas de orden público, así como trabajo social. Además, en un subproyecto se examinaron cuatro autoridades federales. En total, el estudio conjunto consta de 23 proyectos individuales.

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Discriminación racista a varios niveles

Los resultados mostraron que la discriminación racista puede detectarse a nivel individual, institucional y estructural, aunque en diferentes formas e intensidades. La discriminación racista puede observarse, por ejemplo, en las actitudes individuales de los empleados, en las prácticas oficiales y las facultades discrecionales o en la tramitación de las quejas.

Los investigadores formularon 17 recomendaciones de actuación. Entre ellas se incluyen oficinas de quejas independientes, la ampliación de la Ley de Igualdad de Trato, formación obligatoria crítica con el racismo, más transparencia en las decisiones oficiales y apoyo específico a los empleados de grupos discriminados.

El estudio (2021-2024) fue financiado por el Ministerio Federal del Interior con seis millones de euros. Se utilizó todo el espectro de métodos de las ciencias sociales y las humanidades: encuestas cuantitativas, entrevistas cualitativas, discusiones de grupo, observación participante en las autoridades públicas, análisis del discurso y del contenido, así como análisis comparativos de documentos.

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