Una nueva ley pretende reforzar el sistema de ayuda contra la violencia doméstica

El Gobierno de Sajonia quiere mejorar la protección de las víctimas de la violencia y, para ello, ha presentado un proyecto de ley ante el Parlamento regional. «La ley garantiza la ampliación y la sostenibilidad a largo plazo de las estructuras de protección y asesoramiento existentes en casos de violencia doméstica y de género», comunicó el Ministerio de Asuntos Sociales tras la reunión del Consejo de Ministros. Se pretende mejorar, sobre todo, la financiación de los centros. Además, se prevé crear nuevas plazas de acogida y ampliar las posibilidades de asesoramiento en los próximos años.

Mejorar la cooperación entre los centros de protección y las autoridades

La ministra de Asuntos Sociales, Petra Köpping (SPD), dejó claro que la ley se aplica a todas las personas afectadas por la violencia doméstica, independientemente de su género. Además de las ofertas de protección y asesoramiento, se hace hincapié en la ampliación de los servicios de información y prevención para las personas afectadas, también teniendo en cuenta a quienes ejercen la violencia. Asimismo, se pretende seguir mejorando la colaboración entre los centros de protección contra la violencia, los servicios de asistencia generales y las autoridades.

Está previsto que la ley entre en vigor el 1 de enero. Junto con los fondos del Gobierno federal, en el próximo presupuesto bienal se han previsto unos 19 millones de euros para 2027 y unos 20 millones de euros para 2028 destinados al sistema de ayuda.

En Sajonia faltan plazas en los centros de acogida

Una pregunta parlamentaria formulada recientemente por la política de La Izquierda Juliane Nagel en el Parlamento regional reveló que en Sajonia sigue habiendo muy pocas plazas en los centros de acogida para víctimas de violencia doméstica y sexual. El año pasado, al menos 306 mujeres que buscaban refugio en uno de los 17 centros de acogida de Sajonia tuvieron que ser rechazadas por falta de plazas. A ello se sumaron 20 denegaciones de acceso a centros especializados para víctimas de la trata de personas y la prostitución forzada, así como 50 para viviendas de acogida para hombres.