BUND advierte sobre la discriminación de las pequeñas instalaciones fotovoltaicas

La Asociación para el Medio Ambiente y la Conservación de la Naturaleza (BUND) advierte del riesgo de que se perjudique a los pequeños proyectos de energías renovables. «Una transición energética que apueste principalmente por unos pocos grandes actores pasa por alto la fortaleza de nuestro sistema energético descentralizado. La energía ciudadana genera valor añadido regional, refuerza el sector artesanal y las pymes, aumenta la aceptación a nivel local y hace que nuestro suministro energético sea más independiente y resistente», explicó Felix Ekardt, presidente de la sección sajona del BUND. 

La «energía ciudadana» no debe quedarse rezagada

El trasfondo son las declaraciones del secretario de Estado de Economía de Sajonia, Sebastian Scheel, sobre la nueva versión de la Ley de Energías Renovables (EEG). Este se muestra a favor de que, en el futuro, las conexiones a la red se reserven prioritariamente para proyectos con un alto valor añadido industrial. El BUND teme que, de este modo, la «energía ciudadana» y los proyectos de menor envergadura queden relegados a un segundo plano. Sin embargo, se señaló que precisamente estos proyectos son un motor esencial de la transición energética y merecen unas condiciones marco fiables. 

BUND: No hay que poner en peligro esta historia de éxito

Cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas han impulsado de manera decisiva la expansión de las energías renovables en los últimos años mediante pequeñas instalaciones fotovoltaicas en sus tejados, cooperativas energéticas y proyectos municipales, argumenta el BUND. «No se debe poner en peligro ahora esta historia de éxito». Se necesitan condiciones marco fiables para las inversiones. «Los cuellos de botella en la red no deben servir para frenar la energía ciudadana», subrayó Ekardt.

Falta de capacidad para las conexiones a la red

«Los operadores de red se ven ahora literalmente desbordados por las solicitudes de conexión. Por eso, es hora de consagrar en la legislación federal una priorización de las capacidades de conexión a la red basada en la demanda real», había explicado Scheel hace unos días. El principio vigente hasta ahora, que concede a cada modelo de negocio un derecho legal a una conexión, no se ajusta a las exigencias de una política energética e industrial moderna.