En el marco de la reestructuración en curso de la empresa de lignito Leag, la organización ecologista Greenpeace ha exigido a los Estados federados de Sajonia y Brandeburgo que soliciten la protección de los acreedores. Según ha anunciado la organización, el bufete de abogados Günther ha enviado la correspondiente solicitud, iniciada por Greenpeace, a los ministros presidentes y a las autoridades mineras de ambos estados. Greenpeace considera que la estructuración del Grupo pone en peligro las disposiciones legales sobre recultivación.
El motivo es la preocupación de que los estados federados puedan tener que hacer frente a costes multimillonarios por la recultivación de antiguas minas a cielo abierto. "Es un escándalo cómo los propietarios de Leag quieren repercutir sus costes al público en general desprendiéndose de activos valorados en miles de millones", declaró Karsten Smid, experto en energía de Greenpeace. Los gobiernos de los Estados federados deben protegerse de esta situación.
Greenpeace acusa a Leag de "trucos contables"
En enero, Leag decidió llevar a cabo una reorganización en la que la división de energías renovables se separaría del negocio del lignito. Esto privaría a la parte de la empresa responsable del saneamiento de las minas a cielo abierto de considerables recursos financieros, criticó Greenpeace. La organización señala que, según Leag, hasta ahora se ha asignado a las correspondientes sociedades de pensiones menos del diez por ciento de las reservas necesarias -según los cálculos de Greenpeace, sólo alrededor del cinco por ciento.
En su demanda, el bufete de abogados Günther argumenta que, de acuerdo con la Ley Federal de Minería y la Ley de Transformación, las autoridades mineras superiores están obligadas a garantizar el derecho legal a la restauración y utilización adecuada de las minas a cielo abierto. Si esta obligación se ve comprometida por las transferencias de activos, podría iniciarse un procedimiento de protección de acreedores.
Dudas sobre la valoración de mil millones de euros de Leag
Greenpeace también expresa sus dudas sobre el certificado de valor emitido por la empresa auditora en nombre de Leag. Según la organización, el documento se basa en "principios de planificación poco realistas y una cobertura de riesgos inadecuada".
Según Leag, las obligaciones a largo plazo para la recultivación ascienden a unos 5.400 millones de euros, como anunció Greenpeace. Alrededor de 3.300 millones de euros de esta cantidad aún tendrían que generarse con la eliminación progresiva del carbón prevista para 2038, un objetivo que Greenpeace considera difícilmente alcanzable a la vista de los crecientes costes del CO2.
Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Todos los derechos reservados
